Una asesoría política más, que no fue pedida, pero es necesaria.
En toda democracia madura, las marchas son un termómetro público. Señalan tensiones sociales, visibilizan inconformidades y, sobre todo, recuerdan que la ciudadanía tiene voz aun cuando los gobiernos prefieren no escuchar. México no es la excepción. Por eso, cada vez que miles de personas salen a las calles, el Estado tiene la obligación de garantizar que esas manifestaciones se desarrollen de forma pacífica, libre y sin intimidación. Ese deber no depende del partido en el poder, sino del pacto democrático que sostiene al país.
La historia reciente debería bastar para recordarlo. MORENA, hoy partido dominante, nació precisamente al amparo de la protesta social. Se fortaleció en plazas, marchas, mítines, plantones y denuncias públicas contra los abusos del poder. Su narrativa fundacional emerge de la resistencia y la insumisión ante un Estado que usaba recursos, policía y medios de comunicación para desacreditar la movilización ciudadana. Sería un error histórico y políticamente costoso que ese aprendizaje se olvide ahora que controlan la presidencia, la mayoría legislativa y un número de gobiernos locales como en la época del PRI hegemónico.
Un gobierno seguro de sí mismo no le teme a la protesta. Al contrario, la entiende como un mecanismo de ajuste, si la calle habla, conviene escuchar antes de que grite. Las marchas permiten que el conflicto político se exprese en el espacio público de forma no violenta, evitando la radicalización. Cuando un Estado respeta y garantiza ese derecho, lo que realmente está protegiendo es su propia estabilidad. Por eso, este gobierno y el partido que lo sostiene debería recordar algo fundamental, nadie permanece en el poder para siempre. Hoy gobiernan; mañana pueden volver a ser oposición y cuando ese día llegue, necesitarán exactamente las libertades que hoy les toca resguardar. La memoria institucional es también un seguro político.
Es cierto que toda manifestación implica retos, logística, seguridad, movilidad y orden público. Pero el peor error es convertir esos retos en pretextos para la represión o la descalificación. Los gobiernos deben asumir su papel como garantes, no como árbitros que juzgan la legitimidad de las causas ajenas. Porque si hoy se desacredita la protesta “del otro”, mañana cualquiera podrá desacreditar la protesta propia.
La gestión inteligente de la movilización social no busca apagarla, sino conducirla. Implica diálogo, rutas claras de mediación, capacitación policial en contención no violenta y protocolos que prioricen derechos y no la comodidad gubernamental. A la administración actual le conviene entender este punto no como un regaño sino como una advertencia estratégica, el poder cambia de manos, pero las reglas democráticas permanecen. Blindar el derecho a la manifestación es blindarse a sí mismos para el futuro. La fuerza de un gobierno no se mide por cuántas marchas evita, sino por cuántas es capaz de garantizar sin recurrir a la fuerza.
Si MORENA olvida que alguna vez estuvo y quizá volverá a estar del lado que marchaba, estará cavando el mismo hoyo en el que cayeron las fuerzas políticas que tanto criticó. En política, la memoria también es una forma de inteligencia.
