En la era digital, las redes sociales han transformado la manera en que nos comunicamos y difundimos la información. Pero junto a estos beneficios ha surgido también un fenómeno inquietante que golpea directamente la dignidad humana: la exposición y el linchamiento mediático.
Un tribunal canguro o corte canguro (kangaroo court) es un término coloquial que define a un procedimiento judicial simulado, en el cual se señala a uno o varios acusados y se les condena sin que exista ninguna oportunidad de defensa. Aunque el término surgió haciendo alusión a procesos judiciales amañados, hoy parece encontrar otro escenario con una nueva modalidad de jurado: las redes sociales.
Con la facilidad que tenemos hoy en día de acceder a una vasta red de información desde prácticamente cualquier dispositivo, también se ha vuelto más sencillo emitir juicios rápidos, realizar señalamientos y formular acusaciones importando poco o nada el contexto.
En ese escenario, las redes sociales se convierten fácilmente en un tribunal improvisado donde miles de usuarios asumen el papel de jueces y jurado, dictando veredictos a partir de fragmentos de información o interpretaciones apresuradas.
Un fenómeno que ha ido en crecimiento es el de exponer en grupos de redes sociales hechos, instituciones y/o personas. Al cobijo del anonimato que brinda una pantalla, los usuarios se erigen en adalides de la moral donde el rumor se transforma rápidamente en presión social, cotilleo y condena pública.
De acuerdo con el artículo 1916 del Código Civil Federal mexicano, se entiende por daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.
Asimismo, en la legislación mexicana se han establecido mecanismos para sancionar la violencia digital, como la llamada Ley Olimpia, que reconoce y castiga la difusión de contenido íntimo sin consentimiento a través de medios digitales.
Sin embargo, a pesar de que el marco legal reconoce estas afectaciones, es un fenómeno que sigue ocurriendo con reiterada frecuencia; en parte por el poco seguimiento legal que se le da, o porque simplemente la víctima decide no proceder. Lo cierto es que, mientras la legislación existente no se aplique con mayor eficacia y responsabilidad, estos episodios de condena pública seguirán repitiéndose.
Cierro esta opinión señalando que la justicia auténtica exige pruebas, contexto y derecho de defensa; todo aquello que los tribunales canguro de las redes sociales suelen olvidar.
