Hablar de impuestos en México sigue siendo, para muchos, una conversación incómoda. No tanto por lo que implican, sino por lo que evidencian. El sistema fiscal mexicano refleja con claridad una de las tensiones más profundas del país, la coexistencia de un marco formal que busca ser progresivo y una realidad económica donde amplios sectores operan fuera de él, lo que termina generando una percepción constante de desigualdad en las obligaciones.
En teoría, el diseño tributario mexicano contiene elementos de progresividad. El Impuesto Sobre la Renta grava más a quienes más ganan, mientras que los hogares de mayores ingresos concentran una proporción significativa de la recaudación total. Sin embargo, esta progresividad convive con impuestos al consumo como el IVA, que tienden a ser regresivos y afectan proporcionalmente más a quienes menos tienen, lo que en la práctica diluye el efecto redistributivo y deja un sistema que intenta equilibrar, pero que no termina de corregir las diferencias.
El problema no está únicamente en el diseño, sino en la base misma del sistema. México tiene una recaudación baja en comparación con países de la OCDE, lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad, lo que a su vez refuerza la percepción de que pagar impuestos no necesariamente se traduce en beneficios tangibles para la población, debilitando así la legitimidad del sistema.
Aquí aparece una paradoja central. La informalidad no es únicamente un problema fiscal, sino también social, porque para muchas personas operar fuera del sistema no es una elección, sino una necesidad. En ese contexto, exigir mayor cumplimiento sin ofrecer condiciones reales de formalización resulta insuficiente, ya que el problema no se resuelve con presión fiscal, sino con oportunidades económicas que permitan una integración gradual.
Al mismo tiempo, la elusión y evasión en sectores de mayores ingresos agravan el problema. Aunque los deciles más altos aportan una proporción importante de la recaudación, también cuentan con mecanismos legales y financieros que les permiten reducir su carga efectiva, lo que genera una percepción de trato desigual que impacta directamente en la disposición de otros sectores a cumplir con sus obligaciones.
En los últimos años, el Estado ha optado por fortalecer la recaudación sin modificar de fondo el sistema, apostando por la fiscalización y el combate a la evasión. Esta estrategia ha sido efectiva en términos de ingresos, pero enfrenta límites claros, ya que sin ampliar la base tributaria y sin integrar a quienes hoy están fuera del sistema, el crecimiento de la recaudación se vuelve cada vez más complejo.
La discusión de fondo no es únicamente cuánto se recauda, sino cómo se recauda y a quién se le exige. Un sistema fiscal sostenible requiere equilibrio entre eficiencia, equidad y legitimidad, porque sin ese balance cualquier intento de fortalecimiento fiscal termina generando resistencia en distintos sectores.
En última instancia, la política fiscal no es solo una herramienta económica, es un acuerdo social que define responsabilidades y beneficios. En México, ese acuerdo sigue siendo parcial, lo que explica por qué la conversación sobre impuestos sigue siendo incómoda y, en muchos casos, inconclusa.
