El debate sobre el aumento del salario mínimo en México a menudo se reduce a números y pronósticos económicos. Se habla de inflación o de impactos empresariales. Sin embargo, en el corazón de este tema late un principio jurídico fundamental. El salario mínimo es, ante todo, un derecho humano y un mandato constitucional directo.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 123, establece una obligación clara. Los salarios mínimos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en todos los aspectos materiales, sociales y culturales. Esto incluye proveer la educación obligatoria de los hijos. Durante muchos años, este mandato fue una promesa incumplida. La realidad de un salario que no alcanzaba para lo más básico vivía en abierta contradicción con la letra de nuestra ley suprema.
Los incrementos recientes decididos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos representan, por ello, un acto de reparación. Son el intento del Estado por alinear los hechos con el texto constitucional. Es un paso para saldar una deuda de justicia con los trabajadores y para reivindicar que la Constitución debe cumplirse.
Este movimiento también honra compromisos internacionales. México forma parte de tratados que reconocen el derecho a condiciones de trabajo equitativas y a un nivel de vida adecuado. Un salario mínimo digno es la herramienta principal para hacer realidad esos derechos. Las preocupaciones legítimas del sector productivo existen, pero el derecho a una vida digna no puede ser negociable. La competitividad de un país no puede construirse sobre la base de salarios que condenan a la pobreza.
Cada peso agregado al salario mínimo es un recurso concreto para la alimentación, la salud y la educación de millones de familias. Aleja a las personas de la economía informal y fortalece el contrato social. El camino debe continuar hacia un mecanismo permanente que garantice, sin más dilaciones, que el salario cumpla con su propósito constitucional. La economía está al servicio de las personas, y la ley, que ordena dignidad, por fin parece comenzar a hacerse realidad.
