Cambian “interés público” por “orden público” y precisan reglas de suspensión
La oposición advierte retroactividad y riesgos a derechos ciudadanos
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El documento, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalado con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, y devuelto al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Entre los ajustes más relevantes, se sustituyó en el artículo 128 el término “interés público” por “disposiciones de orden público”, con el fin de evitar interpretaciones discrecionales por parte de jueces al negar suspensiones. También se eliminó la fracción que exigía acreditar “daños de difícil reparación”, considerada ambigua e incompatible con los principios de derechos humanos.
En materia de suspensión, se modificó el artículo 129 para permitir que continúen actividades o servicios amparados por permisos o concesiones federales válidos, y se retiró la frase que aludía a casos en los que la autorización hubiera sido revocada. Según Morena y sus aliados, la medida busca proteger derechos adquiridos y dar certeza jurídica; para la oposición, se trata de un intento por limitar el alcance del amparo.
El debate más intenso giró en torno al artículo transitorio. Diputados de Morena y el PT afirmaron que su nueva redacción garantiza que no haya efectos retroactivos en perjuicio de nadie, conforme al artículo 14 constitucional. Sin embargo, legisladores del PAN, PRI y MC advirtieron que la fórmula abre la puerta a aplicar el nuevo régimen procesal en juicios en curso, lo que, según señalaron, vulneraría derechos adquiridos.
En tribuna, Ricardo Monreal sostuvo que la reforma busca acotar abusos procesales y agilizar cobros fiscales prolongados por años. Dijo que actualmente existen más de dos mil créditos fiscales sin resolver, con un monto superior a los 100 mil millones de pesos. “Queremos que paguen lo justo para el erario”, subrayó el coordinador de Morena, quien cerró filas con la presidenta Sheinbaum y defendió que los cambios fortalecen el Estado de derecho.
