Hablar de un sistema fiscal progresivo suele generar incomodidad. La idea de que quien más gana pague más impuestos parece obvia en términos teóricos, pero en la práctica despierta resistencias inmediatas. Se asocia con castigo al éxito, con ineficiencia del Estado o con el temor de que el dinero no se utilice bien. Sin embargo, la discusión de fondo no es ideológica, es estructural. En un país cada vez más desigual, la forma en que se recauda define en buena medida la capacidad de equilibrar oportunidades.
Un sistema fiscal progresivo parte de una lógica sencilla. No todos tienen la misma capacidad contributiva, por lo tanto no todos deberían aportar lo mismo en términos proporcionales. Esto no implica quitarle a unos para regalarle a otros sin criterio. Implica construir un mecanismo donde la recaudación permita financiar bienes públicos que benefician a toda la sociedad, desde salud y educación hasta infraestructura y seguridad. Sin esos elementos, la desigualdad no solo se mantiene, se profundiza.
El problema es que la viabilidad no depende solo de diseñar buenas tasas. Depende de confianza. Si una parte importante de la población percibe que los recursos se desperdician o se desvían, la resistencia a pagar más crece. En ese sentido, el debate fiscal está inevitablemente ligado a la calidad del gasto público. No se puede exigir mayor contribución sin garantizar mejores resultados. Es una relación directa que muchas veces se pasa por alto.
También hay un elemento político que no se puede ignorar. Implementar un sistema más progresivo implica enfrentar intereses concretos. Sectores con alta capacidad económica suelen tener también capacidad de influencia. Esto hace que cualquier intento de reforma fiscal encuentre límites reales en el juego político. No es solo una cuestión técnica, es una disputa de poder donde no todos están en la misma posición.
Aun así, hay razones para pensar que avanzar en esta dirección es no solo deseable, sino necesario. En contextos de alta desigualdad, la concentración de ingresos tiende a traducirse en concentración de oportunidades. Esto afecta la movilidad social y limita el crecimiento de largo plazo. Una economía donde amplios sectores no pueden desarrollarse plenamente es una economía que desperdicia potencial.
Un sistema fiscal progresivo puede contribuir a corregir parte de ese desequilibrio. No lo resuelve todo, pero sí genera condiciones para que el Estado tenga mayor capacidad de intervención. Programas sociales mejor financiados, inversión en servicios públicos, reducción de brechas territoriales. Todo esto depende, en buena medida, de cómo se recauda y cómo se distribuye.
La pregunta entonces no es si es viable en abstracto, sino bajo qué condiciones lo sería. Transparencia en el uso de recursos, instituciones que funcionen, reglas claras que eviten evasión y elusión. Sin estos elementos, cualquier intento se queda corto. Con ellos, el margen de acción se amplía de forma significativa.
Al final, la discusión fiscal es una discusión sobre el tipo de país que se quiere construir. Uno donde las diferencias económicas se traduzcan inevitablemente en desigualdades profundas, o uno donde existan mecanismos para equilibrar esas diferencias sin frenar el dinamismo económico. No es una decisión sencilla, pero sí es una conversación que no se puede seguir posponiendo.
Adrián Cuautli Ramos es contador con maestría en Contribuciones, con experiencia en el sector privado y enfoque en cumplimiento fiscal, planeación tributaria y asesoría a personas físicas y empresas.
